En las normativas y leyes nacionales e internacionales, los legisladores han impuesto a las entidades de crédito el deber de “introducir sistemas apropiados de seguridad empresarial y basados en el cliente para combatir el blanqueo de dinero, la financiación de organizaciones terroristas y las actividades fraudulentas y detectar cualquier transacción sospechosa”. La implementación de las normativas de la Unión Europea 2580/2001, 881/2002 y las correspondientes normativas aplicadas por los estados miembros tiene como objetivo evitar la financiación, planificación y ejecución de actos terroristas. Se pueden imponer sanciones a individuos, grupos y organizaciones. La UE, la OFAC, el Banco de Inglaterra y otras instituciones han publicado listas de sanciones que son obligatorias. Se debe garantizar que las personas, los grupos y las organizaciones sobre los cuales se hayan impuesto sanciones ya no puedan obtener dinero ni recursos financieros, ni directa ni indirectamente.
